La Defensora de la Universidad de Sevilla y otros miembros de la CEDU abordan con el Defensor del Pueblo algunos retos de la Educación Superior
La Defensora de la Universidad de Sevilla y vicepresidenta de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), María de las Mercedes Lomas Campos, junto al presidente de la CEDU, Ángel Antonio Rodríguez Sevillano (UPM), y el vocal Alberto Sánchez Campos (URJC) participaron en un encuentro de trabajo con el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, y su equipo del Área de Educación, Cultura y Empleo.
Esta delegación trasladó al Defensor del Pueblo importantes documentos estratégicos orientados a garantizar los derechos de la comunidad universitaria, agilizar la burocracia y mejorar la convivencia en las aulas.
Entre las principales propuestas, la defensora de la Universidad de Sevilla expuso en detalle el documento de CEDU sobre el reconocimiento de discapacidad para el acceso a la universidad y la exención de tasas, originado en la red de Defensorías Andaluzas (REDUAN), que pretende que la resolución emitida por el INSS, que reconoce la incapacidad permanente, sea suficiente documento para certificar un grado de discapacidad igual o superior al 33 % ante las universidades españolas. Con ello se pretende evitar que los retrasos autonómicos en las certificaciones de discapacidad, de hasta tres años en algunas autonomías, dejen fuera de la exención de tasas o del cupo de reserva legalmente establecido para el acceso a las titulaciones. Y que este procedimiento se extienda a los requisitos en el acceso a plazas para el profesorado y el personal técnico de gestión y administración y servicios.
Se debatieron también estrategias para combatir el fraude en las evaluaciones y el uso de nuevas tecnologías para su detección, analizando asimismo la influencia de las recientes normativas autonómicas de educación superior. Y se entregaron las conclusiones de un informe global de CEDU (Informe de Informes 2023) que revela, entre otras, que los estudiantes generan el 71 % de las incidencias (sobre todo relativas a docencia, evaluación y matrícula), mientras que el Personal Docente e Investigador (PDI) representa el 18 %, enfocado principalmente en condiciones laborales y convivencia y el PTGAS el 5% especialmente relacionadas con las condiciones laborales y los procesos de selección.
El encuentro concluyó con el compromiso conjunto de la CEDU y el Defensor del Pueblo de seguir estrechando cauces de comunicación para velar por la inclusión, los derechos fundamentales y la calidad en el sistema universitario.
Para más información: https://cedu.es/cooperacion-institucional-y-proteccion-de-derechos-en-el-ambito-universitario/