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El Defensor, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades académicas y de administración y servicios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades de la Universidad estarán obligadas a responder por escrito en un plazo no superior a treinta días.

En relación a la solicitud de colaboración del Defensor de Pueblo Andaluz, con fecha 31 de marzo, se le remite un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en la Universidad de Sevilla.

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